C.A.B.A, sábado, 24 de junio de 2017 03:56:34

Ciudad 2016-03-09 14:57:00 | Legilslatura

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

LEY DE CREACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARIA PATRICIA VISCHI (Bloque SUMA +)

LEY DE CREACION DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.

 

CAPÍTULO I

OBJETO

 

Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene como objeto la creación del Sistema Integrado de Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires, en cumplimiento de los preceptos establecidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley Nacional 26.485 de ProtecciónIntegral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los áámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

 

Artículo 2°: Definición. La presente ley adopta la definición, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres previstos en la Ley Nacional 26.485.

 

CAPÍTULO II

SISTEMA INTEGRADO PARA LA PREVENCION, SANCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

FACULTADES DEL ORGANISMO COMPETENTE

 

Artículo 3°. Creación del Sistema. El Sistema Integrado para la Prevención, Sanción y Erradicación de violencia contra las mujeres de la Ciudad de Buenos Aires está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que ejecutan y supervisan las políticas de género, de gestión estatal o privada, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las mujeres. Para el logro de sus objetivos, el Sistema debe contar con los siguientes medios:

 

a)      Políticas, planes y programas de protección de derechos;

b)      Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos;

c)      Recursos económicos;

d)      Procedimientos;

e)      Medidas de protección de derechos y de acceso a las políticas públicas.

Artículo 4°. Políticas públicas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el responsable y garante de desarrollar las políticas desde todas las áreas ministeriales para prevenir, proteger a las víctimas; sancionar y erradicar la violencia de género.

 

Artículo 5°. Organismo Competente. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano es el área responsable de diseñar, coordinar y monitorear el Sistema  Integrado para la Prevención, Sanción y Erradicación de violencia contra las Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. Corresponde al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a través de un organismo especializado las siguientes funciones:

 

a)     Diseñar e implementar políticas de prevención y protección de la violencia de género a través de programas de atención directa y descentralizados en cada una de las comunas. Se incorporan a este Sistema los siguientes servicios especializados y los que se creen en un futuro:

 

1. Los Centros Integrales de la Mujer;

2. La LINEA MUJER (ley 4181);

3. El  patrocinio jurídico gratuito de víctimas de violencia;

4. La distribución de dispositivos acordes a los avances tecnológicos para la prevención de situaciones de violencia;

5. Servicios de acompañamiento a las víctimas orientadas al sostenimiento de estrategias y al fortalecimiento de las mujeres en situaciones de violencia;

6. Líneas de financiamiento para la inserción laboral;

7. Formación para el auto valimiento y autonomía de la mujer;

9. Los refugios y hogares para las víctimas de violencia y de sus hijas o hijos;

 

b)     Garantizar la atención de los Centros Integrales de la Mujer en forma interdisciplinaria, con patrocinio jurídico gratuito, que serán  descentralizados en cada Comuna;

c)     Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia y generar líneas de financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;

d)     Garantizar la atención de la línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con todas las áreas gubernamentales, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención y protección de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;

e)     Garantizar planes y programas de atención con modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia, que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática. Los modelos no pueden incluir formas de mediación o negociación;

f)      Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad;

g)     Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;

h)     Elaborar los protocolos para los distintos programas y niveles de atención que incluyan la coordinación entre la administración y la justicia;

i)      Diseñar, implementar y monitorear el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Marco del PLAN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y VARONES (Ley 474).Para ello, se deberá convocar a todos los actores del inciso u). en forma descentralizada a través de las Comunas;

j)      Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;

k)     Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa, y que se publique en la página web del organismo y del Gobierno de la Ciudad;

l)          Coordinar con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes la derivación de las situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes para la adopción de las medidas de protección que correspondan según lo establece la ley 26.061 y la ley 114;

m)      Participar en el ámbito del Consejo Federal e impulsar políticas para el Plan Nacional  de Erradicación de Violencia de Género;

n)        Coordinar con los ámbitos legislativos la adecuación de toda las leyes atinentes a temas de género desde la perspectiva de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la ley nacional 26.485 y la presente ley;

  • o)        Coordinar con la Oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la derivación y atención de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la Ciudad;

p)        Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la el rechazo social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;

q)        Diseñar e instrumentar capacitaciones para la formación y entrenamiento en la temática destinada a los funcionarios públicos de los tres poderes del estado;

r)          Desarrollar asistencia técnica a los funcionarios de las comunas destinados a la prevención, detección precoz y derivación interinstitucional;

s)         Realizar capacitaciones permanentes destinadas a las fuerzas policiales y de seguridad, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;

t)          Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;

u)        Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia.

CAPITULO III

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

REGISTRO

 

Artículo 6°:Registro. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano deberá establecer y mantener actualizado un Registro de las Organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia.

 

Artículo 7°:Requerimientos. Todas aquellas organizaciones que realicen actividades en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires deberán inscribirse previamente en el Registro de acuerdo a los requerimientos que al momento de inscripción éste fije. Cada organización social deberá presentar el proyecto institucional que acredite su expertiz en la materia tanto en el marco del estricto cumplimiento de la nacional ley 26.485 y de la presente.

 

Artículo 8°: Convenio y Ejecución de Programas. Para suscribir convenios con el Gobierno de la Ciudad las organizaciones sociales que ejecuten programas de violencia de género deberán tener como mínimo un año de inscripción en este Registro.

 

Artículo 9°: Supervisión. Las organizaciones inscriptas serán supervisadas en la Sede donde brinden servicio. Todo cambio que realicen las organizaciones deberá ser notificado al Registro en forma inmediata.

 

Artículo 10°:Inclusión de Organizaciones Comunitarias. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano deberá ppromoverla inclusión de organizaciones sociales que se desempeñan en el ámbito comunitario a partir de trabajo en red, con el fin de desarrollar

modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos territoriales de las instituciones públicas y privadas.

 

Artículo 11°: Criterios de atención. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano elaborará una guía orientativa de criterios de atención y derivación de las Organizaciones Sociales acorde a la legislación vigente, como así también material destinado al fortalecimiento de las mismas.

 

Artículo 12°:Convenios. El Registro podrá celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley.

 

CAPITULO IV

DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

 

Artículo 13°: Políticas del Ministerio de Justicia y Seguridad. Corresponde al Ministerio de Justicia, u organismo de mayor competencia en materia de Justicia,  el desarrollo de las siguientes políticas:

 

a)      Diseñar políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito;

 

b)      Conveniar con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;

 

c)      Generar instancias de intercambio y articulación con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;

 

d)     Unificarlos criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;

 

e)      Elaborar un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;

 

f)       Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del Derecho;

 

g)      Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados;

 

h)      Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad;

 

i)        Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones del Ministerio.

 

Artículo 14°: Políticas de Seguridad. Corresponde al área de Seguridad el desarrollo de las siguientes políticas:

 

a)      Implementar unidades de orientación y denuncia en las fuerzas policiales  atendidas por equipos interdisciplinarios para optimizar la inmediata atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;

 

b)      Desarrollar un sistema de botones antipáticos que serán suministrados a las víctimas por requerimiento judicial.

 

c)      Elaborar los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policiales a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización y faciliten la debida atención asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;

 

d)     Promover la articulación de las fuerzas policiales que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;

 

e)      Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

 

Artículo 15°: Políticas del Ministerio de Educación. Corresponde al Ministerio de Educación, u organismo de mayor competencia en materia de Educación,  el desarrollo de las siguientes políticas:

a)      Garantizar los contenidos mínimos curriculares de todos los niveles educativos, la inclusión de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos, y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos.

b)      Garantizar que los proyectos educativos diseñados para dar cumplimiento a la ley de educación sexual integral incluyan los preceptos establecidos por la presente.

c)      Implementar medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres.

d)     Incorporar la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias.

e)      Revisar y actualizar de los libros de texto y materiales didácticos, con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones

Artículo 16°: Políticas del Ministerio del Ministerio de Salud. Corresponde al Ministerio de Salud u organismo de mayor competencia en materia de salud, el desarrollo de las siguientes políticas:

a)      Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de Salud;

 

b)      Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento debe asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios establecido por el protocolo acordado por el Organismo de Aplicación;

 

c)      Los servicios descriptos en el inciso anterior, una vez detectada situaciones de violencia, deberá notificarla al Organismo de Aplicación para que proceda a la atención de la Víctima;

 

d)     Desarrollar servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, con la utilización de protocolos de atención y derivación;

 

e)      Implementar un registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los distintos niveles de atención a la salud;

 

f)       Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género.

 

Artículo 17°: Políticas del Ministerio del Ministerio de Modernización. Corresponde al Ministerio Modernización;  u organismo de mayor competencia en materia de trabajo, empleo y capacitación laboral; el desarrollo de las siguientes políticas:

a)      Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:

b)      El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección

c)      La carrera profesional, en materia de promoción y formación.

d)     La permanencia en el puesto de trabajo.

e)      El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

f)       Desarrollar programas específicos para la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos.

g)      Diseñar políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia.

h)      Garantizar el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

Artículo 18°: Políticas de la Secretaria de Medios. Corresponde a la Secretaria de Medios, u organismo de máxima competencia en materia de comunicación, el desarrollo de las siguientes políticas:

a)      Garantizar en los medios masivos de comunicación campañas dirigidas a fomentar el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;

b)      Difundir en forma permanente mensajes y campañas de sensibilización y concientización dirigida a la población, en general y en particular a las mujeres, sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias. Éstos deberán ser exhibidas en todas las oficinas de atención al público;

c)      Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación sobre violencia en general y desde la perspectiva de género.

d)     Alentar la eliminación del sexismo en la información;

e)      Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

 

Artículo 19 º: Procedimiento. La Ciudad de Buenos Aires adopta el  procedimiento  que establece  la  Ley Nacional 26.485 en su Titulo III, Capitulo II. El Organismo de aplicación a través del  Sistema Integrado de Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia, brindará la atención especializada a las víctimas de violencia durante el proceso judicial y posterior al mismo en la instancia que correspondiere.

 

Articulo 20º:Ministerio Público Fiscal, El Ministerio Público Fiscal a través de las Unidades de Orientación y Denuncia, las Oficinas de Atención a la Víctima y las  Unidades Fiscales especializadas en Violencia Domestica, será el responsable de asesorar y tramitar las denuncias de acuerdo a las competencias otorgadas por la Ley de Ministerio Público.

 

CAPITULO VI

OBSERVATORIO DE LAS POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO

Artículo 21°:Observatorio de las Políticas Públicas. El Observatorio de las Políticas Públicas con Perspectiva de Género diseña e implementa los registros de situaciones de violencia contra las mujeres en cada uno de los programas, que consignan las denuncias, tratamientos y derivaciones entre los ámbitos administrativos y judicial.

 

Artículo 22 º: Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención, sanción  y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Artículo 23°: Organización del Observatorio. La Dirección General de Estadísticas y Censos será la responsable de la organización y administración del Observatorio de las Políticas Públicas con Perspectiva de Género, con el asesoramiento técnico del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a través del organismo especializado de género.

 

Artículo 24°:Criterios. El Observatorio desarrollará y coordinará los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados —como mínimo— por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar la reserva enrelación con la identidad de las mujeres que padecen violencias.

 

Artículo 25°:Formulación y aprobación de los Indicadores. El Observatorio deberá diseñar e instrumentar los registros con los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos.

 

ARTICULO 26º: Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;

b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia;

c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;

d) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;

e) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;

f) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;

g) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

h) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;

i) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;

j) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;

 

Artículo 27°:Informe y Difusión. El Observatorio realizará un Informe Anual con los datos estadísticos y los resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas. El mismo deberá difundirse a la Ciudadanía través a través de la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación.

 

Artículo 28°:Coordinación con el Poder Judicial. El Observatorio coordinará con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;

 

Artículo 29°: De forma.-

 

 

 

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La violencia contra la mujer es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, es un problema universal que empobrece a la sociedad desde el punto de vista económico, político y cultural al limitar el papel activo que pueden desempeñar las mujeres en el desarrollo de su comunidad. La Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, fue sancionada el 11 de marzo de 2009 y publicada en el Boletín Oficial el 14 de abril de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009. Reglamentada por el Decreto 1011/2010 (BO 20/07/2010) a través del Consejo Nacional de las Mujeres y los organismos que corresponda.

Esta ley establece la obligación de los tres poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones y fija los lineamientos programáticos e institucionales para efectivizar sus disposiciones. En Argentina la sanción de la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, ha sido un gran avance para garantizar los derechos de las mujeres argentinas. Pero, para que su implementación sea realmente exitosa se necesita el compromiso de todos los sectores de la sociedad, comenzando por los estados provinciales que son los responsables directos, en el territorio,  de la prevención de la violencia de género y de la protección a sus víctimas.

Este proyecto que vengo a presentar tiene como objeto adecuar la normativa vigente en nuestra Ciudad, a los preceptos establecidos en la Ley Nacional 26.485, garantizando políticas públicas eficaces que efectivicen la atención integral de quienes hayan sido víctimas de violencia, así  como su acceso a la justicia.

 

La Ciudad, si bien ha adherido a la normativa nacional, tiene como deuda establecer sus propios parámetros en la generación de  un “Sistema Integrado para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires” que nos permita, desterrar el flagelo del sexismo de la vida de todas las personas. 

 

Ya otras provincias han iniciado este camino de adecuación, que refuerzan las adhesiones suscriptas, en un principio por 18 provincias argentinas. Santiago del Estero (2005), Rio Negro (2007), Misiones (2007), San Juan (2008), Chubut (2009) y Neuquén (2011) ya tienen sus propias leyes de protección integral contra la violencia de género, basadas en la doctrina que establece la perspectiva de género y que recoge fielmente la ley nacional.

 

Tener una ley acorde a los principios de derechos humanos de  las mujeres, nos abre el desafío de avanzar en un plan de acción eficaz, en contar con  organismos integrados y comprometidos, obtener datos confiables  y llevar adelante campañas productivas que reviertan la grave situación en la que estamos inmersos.

 

El notable incremento de los hechos de violencia de género, es público a través de medios de comunicación, las estadísticas de feticidios elaboradas por la Casa del Encuentro, el incremento de denuncias en diferentes puntos del país, dan cuenta de la gravedad de la situación. Esto genera múltiples debates entre expertos y expertas,

 

 

organizaciones de la sociedad civil, víctimas, vecinos, representantes de servicios públicos que intervienen ante el hecho consumado, como un juzgado, un hospital o una comisaría. Sin embargo percibimos aún que no hemos hecho los esfuerzos suficientes para evitar las consecuencias de la violencia sexista. El NIUNAMENOS que nos hizo recorrer las calles de todo el País nos pide, a los gobernantes, legisladores y administradores de Justicia un firme compromiso con la problemática.

 

Estamos a ocho años de la sanción de la ley nacional. Tardamos dos años más en su reglamentación y quedan pendientes las principales cuestiones que nos habíamos propuesto en la resolución de esta terrible problemática. Sin el compromiso de los tres poderes del Estado, sin las adecuaciones normativas y programáticas de las jurisdicciones provinciales seguiremos estando en deuda con las recomendaciones vertidas por el Comité de Expertas[1]: Marco Jurídico adecuado, Planes nacionales y medidas sociales tomadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Acceso a la Justicia. Presupuesto y Estadísticas.

 

Estas son entonces las cuestiones que pretendo regular con esta adecuación, proponiendo que sirva como herramienta para abrir el debate y lograr la mejor ley posible.

 

En este proyecto abordamos el Sistema de Protección donde integramos todos aquellos organismos, entidades y servicios que ejecutan y supervisan las políticas de género, de gestión estatal o privada, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las mujeres. Para el logro de sus objetivos, el Sistema debe contar con los siguientes medios: Políticas, planes y programas de protección de derechos, Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos, Recursos económicos, procedimientos y medidas de protección de derecho y de acceso a las políticas públicas.

 

También reconocemos como Organismo de aplicación de la ley al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, como  área responsable de diseñar, coordinar y monitorear el Sistema Integrado para la Prevención, Sanción y Erradicación de violencia contra las Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires, respetando el saber y la experiencia que este ministerio ha venido desarrollando en programas destinados a los derechos humanos de las mujeres. Tanto en la lucha por la igualdad como en la batalla contra la violencia de género, la Dirección General de la Mujer ha tenido, por años, un rol preponderante.

 

Hemos incorporado a la normativa y al Sistema, las buenas prácticas desarrolladas por los equipos del Gobierno de la Ciudad:  la Línea Mujer (ley 4181), los Centros Integrales de la Mujer, el patrocinio jurídico gratuito, la distribución de dispositivos tecnológicos, los refugios especializados para las víctimas de violencia,  seguirán siendo los programas de atención directa y descentralizada.  Junto a estos, incorporamos otros que hemos destinado al acompañamiento a las víctimas, al fortalecimiento del auto valimiento y a la inserción laboral.

 

Siguiendo los lineamientos de los Organismos de Derechos Humanos y del Comité de expertas, hemos establecido por ley la necesidad de contar con un Observatorio de Políticas Públicas con perspectiva de Género (que nos permita diseñar, monitorear y evaluar las programas y planes y contar con datos suficientes y eficientes para mejorar la

igualdad de mujeres y varones en nuestra Ciudad);  hemos regulado el funcionamiento de las Organizaciones Sociales a través de un registro y hemos ordenado la obligatoriedad de elaborar y cumplir un Plan de Acción, que tendrá que ser puesto en debate entre los diferentes actores de nuestra comunidad.

 

Respecto al acceso a la Justicia reconocemos en esta norma los avances realizados por el Ministerio Publico Fiscal a través de las Unidades Fiscales especializadas en Violencia Domestica.

 

De esta manera, creo, estamos aportando nuevos elementos para avanzar en la igualdad de mujeres y varones, erradicando las diferencias que llevan a la muerte a cerca de 300 mujeres por año.

 

Antecedentes Jurídicos y Legislativos:

 

Para la elaboración de esta ley  he tenido en cuenta los diversos instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos que contienen disposiciones relevantes para la protección de las mujeres contra actos de violencia. Especialmente, los tratados internacionales de Derechos Humanos, cuya jerarquía constitucional fuera consagrada por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional defienden y promueven los derechos humanos de las mujeres:

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es una herramienta importantísima para el tratamiento de la violencia de género. Muchas de las disposiciones antidiscriminatorias que consagra establecen acciones para proteger a las mujeres contra la violencia.

 

El Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -organismo encargado del monitoreo de la Convención- en  la Recomendación General número 19, ha afirmado que "la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre". Reconoce, que la definición de discriminación contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incluye la violencia basada en el sexo. También  afirma que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. Para este Comité la violencia en la familia está generalizada y existe en todas las sociedades. Dentro de las recomendaciones específicas para combatirla y erradicarla los Estados partes deberían adoptar las medidas efectivas para superar todas las formas de violencia de género, a través de actos públicos o privados; que desarrollen programas y servicios de apoyo a las víctimas de violencia;  programas de rehabilitación para los agresores, y que disponga de herramientas eficientes para  prevenir la violencia y proteger a las víctimas, debiendo el Estado informar sobre la situación de violencia en su país, así como dar cuenta de las políticas instrumentadas para erradicar, evitar y superar la violencia de género.

 

Debemos reconocer a la violencia de género como violación a los derechos humanos y como violación directa a uno o más de los derechos consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos es fundamental.

 

Sin embargo, han sido fundamentales para el abordaje de la violencia de género el desarrollo de instrumentos específicos y regionales. Es por ello que se considera imprescindible adecuar nuestro marco normativo a la  "Convención de Belem do Pará" o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer". Esta Convención  fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994. Fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y convertida en Ley Nacional número 24.632. La misma es de fundamental importancia para los derechos humanos de las mujeres y es la que establece los  lineamientos fundamentales para el diseño, implementación, coordinación y seguimiento de las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia de violencia doméstica y sexual, así como convertirse en el instrumento principal en la jurisdicción interna a los efectos de interpretar los derechos de las mujeres. Una de sus mayores virtudes es su especificidad, lo que ha significado un avance significativo: se aplica a directamente a tratar  la violencia contra las mujeres. La violencia de género es la que se inflige a las mujeres como y por ser tales y que se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La Convención, a diferencia de las legislaciones nacionales que se refieren a esta temática en América Latina y el Caribe, ha rechazado la utilización de un lenguaje neutral en términos de género y determinó claramente quiénes son las víctimas que requieren protección, así como las causas sociales de la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad social de desigualdad de poder entre varones y mujeres. Entiende que la eliminación de la violencia contra las mujeres es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

 

He tenido en cuenta, además, para formular esta adecuación legislativa las últimas recomendaciones vertidas por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI) quienes han presentado su primer Informe Hemisférico, resultado de la ronda de evaluación multilateral iniciada en julio de 2005 y concluida en julio del 2007. En él se efectúa la evaluación a los Estados sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificar la Convención y brinda recomendaciones para su efectiva aplicación. El informe fue realizado en base al análisis de las siguientes temáticas: Marco jurídico. Planes nacionales y medidas sociales tomadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Acceso a la Justicia. Presupuesto y Estadísticas.

 

¿Por qué se eligieron estos temas? El Comité de Expertos/as considera que aún no se ve traducido a la normativa nacional de todos nuestros países, con la claridad que debiera, el mandato de considerar a la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Muchas de las leyes que se sancionaron en nuestros países fueron redactadas entre 1989 y 1996. Algunas de ellas, antes de la ratificación de la Convención, y el enfoque es mucho más limitado. Asimismo, a más de 20 años de ratificada nuestra Convención, aún son pocos los países que cuentan con un marco jurídico que contemple la violencia en todos los ámbitos: el espacio doméstico, el espacio comunitario y el Estado. La mayoría cuenta con leyes de violencia  que protege a las mujeres de la violencia en el ámbito doméstico–que en algunos casos es sólo familiar y no enfocada en la mujer- y aún esta protección es parcial, ya que son muy pocos los países que sancionan la violación en el matrimonio. En contraste con la legislación en violencia familiar, es muy escasa la legislación que protege a las mujeres de la violencia en el espacio social, laboral o estatal”[2]

 

En este sentido, con respecto al Marco Jurídico y en un todo de acuerdo con la opinión de las expertas debemos dejar en claro que la Ley Nacional sobre Protección contra la Violencia Familiar (Ley No. 24.417), por ser anterior a la ratificación de esta Convención no ha dado respuesta satisfactoria a todos estos requerimientos. Esta norma homologa diferentes situaciones de violencia dentro del ámbito familiar de una forma neutral en relación al género. Así, se refieren a situaciones de violencia sufridas en el marco familiar por cualquiera de sus integrantes, mujeres o varones, adultas/os o menores, ancianos/as, con discapacidades o sin ellas. Esta homologación le quita eficacia y una adecuada correlación a las distintas problemáticas y su respuesta legislativa. Por eso, resulta más eficaz una legislación que contemple en forma específica y separada las distintas manifestaciones de violencia en el ámbito familiar o de las relaciones interpersonales. Además- continúan diciendo las expertas- las leyes deben ir acompañadas de planes nacionales o lineamientos programáticos  que implementen las medidas sociales necesarias.

 

Por ello la Ley Nacional 26.485 contempla una definición amplia de violencia contra la mujer en todos los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales, recogiendo los avances de Belem do Pará, tanto para las conductas que configuran dicha violencia como para con el vínculo con el agresor. Este avance deja establecidos los derechos protegidos por la presente propuesta legislativa, define los diferentes tipos de violencia contra la mujer y  establece los derechos y garantías mínimas de los procedimientos judiciales y administrativos. Todas estas definiciones, tipos y modalidades son respetadas por el proyecto que estamos presentando.

 

El segundo tema, tomado por el Informe Hemisférico es el de Acceso a la Justicia, en el mismo las expertas muestran una fuerte preocupación (compartida por miles de mujeres de toda la región) por los sistemas de justicia que no se hacen eco de los problemas relacionados con la violencia de género. Dicen  el Informe: “Los sistemas judiciales de nuestros estados, como parte de uno de los tres poderes de la República, tienen que asumir que los tratados internacionales son obligatorios para los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que estos tres poderes son también responsables de su implementación. Son pocos los jueces que citan tratados internacionales en sus sentencias. La Convención de Belém do Pará no ha sido asumida ni incorporada a los sistemas judiciales y ese desafío está aún pendiente. El problema se agrava en los países federales, donde es difícil encontrar normativa homogénea que cubra todo el territorio nacional resultando esto en desigualdad de las mujeres de las distintas provincias o estados frente a la ley”. Y agregan Asimismo observamos que en muchos países se utilizan mecanismos “como el de conciliación o mediación entre la víctima y su agresor como parte de los servicios de atención a las mujeres que sufren de violencia. (…)Es de notoria preocupación para el CEVI que se sigan usando estos métodos que no se pueden aplicar para casos de violencia donde no cabe negociación alguna cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Por ello, el Comité pone énfasis en que los mecanismos de mediación o conciliación no deben ser usados previo a un proceso legal, sea que éste se instaure o no, y en ninguna etapa del proceso legal y de acompañamiento a las mujeres víctimas”[3]/

 

En el proyecto que presentamos, la Ciudad de Buenos Aires adopta el  procedimiento  que establece  la  Ley Nacional 26.485 en su Titulo III, Capitulo II. El Organismo de aplicación a través del  Sistema Integrado de Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia, brindara la atención especializada a la víctima de violencia durante el proceso judicial y posterior al mismo en la instancia que correspondiere y se reconoce la labor del Ministerio Publico Fiscal a través de las Unidades Fiscales especializadas en Violencia Domestica.

 

El rápido acceso a la justicia y la aplicación a tiempo de las medidas definen en forma efectiva la protección de la víctima y evitan la reiteración de situaciones de violencia.

 

El otro tema tomado por el Informe Hemisférico está relacionado con la necesidad imperiosa de contar con estadísticas y datos ajustados a la realidad para poder intervenir acertadamente en su transformación.

 

“De acuerdo con el artículo 8 inciso h) de la Convenciónde Belém do Pará, los Estados deben garantizar la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, “La mayoría de Estados no cuenta con información estadística consolidada sobre denuncias, detenciones y sentencias en casos de violencia contra las mujeres. La gran mayoría de Estados o no cuenta con esta información, o solo cuenta con estimados parciales, o cuenta con datos basados en información entregada por algunas comisarías o juzgados de solo algunas regiones del país[4]/. Por otro lado, ningún Estado cuenta con mecanismos para evaluar el subregistro de casos”.

 

Siguiendo esta recomendación el proyecto que presento prevé generar el Observatorio de Políticas Publicas que tendrá a su cargo ocuparse de producir , diseñar, planificar, capacitar y llevar el seguimiento de las políticas y programas de atención destinados a las mujeres que padecen violencia de género; generar estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de situaciones de violencia; diseñar e implementar un registro único de situaciones de violencia contra la mujer en el que se establezcan los datos e indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y secretarías competentes en la materia, así como diseñar protocolos específicos y analizar y difundir los datos estadísticos y resultados de las investigaciones realizadas en forma periódica, a fin de evitar la falta de datos, la ineficiencia de las políticas específicas y el subregistro de las situaciones de las que da cuenta este proyecto.

 

Señor Presidente, por todas las razones expuestas, a fin de dar cumplimiento a esta importante adecuación legislativa es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.



[1]He tenido en cuenta, además, para formular esta adecuación legislativa las últimas recomendaciones vertidas por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará(MESECVI)

 

[2]Informe de Actividades al Comité de Expertas (CEVI). OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.36/06, 12 de julio de 2006.

 

[3].          Informe Hemisférico, página 25.

[4].          Informe Hemisférico, página 40.