La Justicia habilitó el estadio BA Arena

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Los vecinos de Villa Crespo habían pedido clausurar el predio porque el microestadio no cumple con la normativa porteña ya que se había habilitado para eventos deportivos y tiene de entrada en cartelera cuatro recitales de música. Sin embargo, la Justicia porteña levantó la cautelar que restringía la inauguración del BA Arena.

Está situado en la manzana de las calles Humboldt, Corrientes, Muñecas y Dorrego, tiene una capacidad para 16 mil y se levanta en terrenos cedidos al club Atlanta, que a su vez cedió la construcción y explotación del autodenominado ‘microestadio’ al diario La Nación y la empresa internacional AEG Worldwide.

“Reclamamos que se disminuya el tiempo de concesión de 40 a 20 años, y que se realicen sólo espectáculos deportivos, como era el espíritu de la ley original”, estableció Gustavo Perrone, integrante de Vecinos Autoconvocados.

La decisión de la justicia fue informada por la propia empresa administradora del BA Arena, quien difundió ayer un comunicado en el que informa que “el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°3, Secretaría N6 de esta ciudad, declaró abstracta la medida cautelar que restringía la inauguración del centro de eventos situado en Villa Crespo”.

Esta resolución se da luego del informe presentado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA), órgano que depende del Gobierno de la Ciudad, quien otorgó un nuevo certificado de Aptitud Ambiental en favor de este emprendimiento, luego de haber recibido todos los estudios técnicos presentados por la empresa y con posterioridad a la celebración de la correspondiente Audiencia Pública del 15 de agosto pasado.

Para los vecinos, el nuevo predio de Villa Crespo debe denominarse “Mega Estadio”. De micro, dicen, tienen muy poco. Pero además del caos actual, Ingrid de Jong, antropóloga e investigadora del Conicet, advirtió sobre las consecuencias a futuro en el estadio. “Esto es prácticamente como una venta sin impuestos. Dentro de 40 años vamos a ser muy viejitos o no vamos a estar. Ni la comunidad, ni el Estado de Buenos Aires, que somos todos nosotros, se está beneficiando con nada”, indica la antropóloga. Y añade: “Hay muchas cuestiones oscuras de las que no ha habido explicaciones”.

En cuanto a los vecinos que no quieren encarar la instancia judicial por temor a que sus propiedades sean embargadas, Ingrid de Jong dice que “si uno sale perdiendo, puede terminar pagando el lucro cesante del empresario, y la diferencia entre el capitalito que uno pueda tener con su propia vivienda y el lucro cesante de este estadio es abismal”.

A su vez, el legislador Santiago Roberto (Bloque Peronista) había presentado un pedido en la Legislatura para que el Gobierno de la Ciudad informe «si se tomaron medidas para garantizar que no sean afectados los derechos de usuarios y consumidores».

El legislador además hizo una presentación ante en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°3, en la que señala que «resultaría razonable establecer la obligación de informar a los adquirentes» de los tickets que «el estadio no cuenta con autorización para funcionar».

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