Aborto Legal: continuidades y modificaciones con el anterior proyecto

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Por Carla Arakelian

El nuevo proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ingresa hoy con cambios en el Congreso de la mano de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto a diputadas nacionales. En medio, se concentrará un “pañuelazo verde”, tanto en las inmediaciones del palacio legislativo como en otras 100 ciudades. Se trata de la octava presentación del proyecto.

Esta iniciativa mantiene la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación, pero en cualquier momento cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en los casos de violación.

El plazo máximo para que una persona gestante pueda acceder a una IVE es de cinco días desde que lo requiera y tiene derecho que suceda supervisada por un/a profesional o personal de salud. En el caso de los establecimientos de salud, se debe garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa.

Los cambios con respecto al último proyecto, que logró conseguir media sanción de Diputados pero fue bloqueado en Senadores, tienen que ver con que se elimina la causal que habilita la IVE por fuera del plazo de “inviabilidad de vida extrauterina del feto”. También modifica el sujeto de derecho a “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar”. Además, considera que “interrupción voluntaria del embarazo” y “aborto” son términos equivalentes y, como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que “salud integral” debe interpretarse “sin excepción” como “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades”.

Sobre la Educación Sexual Integral (ESI), indica que “debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deben incluirse los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social”. 

Finalmente, el aborto legal, seguro y gratuito deberá ser incluido en el Plan Médico Obligatorio incluyendo al sector público, privado, obras sociales y prepagas. 

En relación a los menores de edad, “se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal”. Entre 13 y 16 años “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Sólo se requerirá autorización de sus padres o tutores en el caso de que la salud o vida del adolescente se encuentre en grave riesgo. Si hay una contradicción entre los intereses de la joven y los progenitores, será el profesional de la salud el o la que decida realizar o no el procedimiento 

Con respeto a los médicos, se descarta la posibilidad de objeción de conciencia ya que “en ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/las profesionales o personal de salud ni de terceros/as”. Se castiga a la autoridad del establecimiento de salud que se niegue a realizar la práctica con penas de tres meses a un año de prisión. Se eleva a de uno a tres años si se genera perjuicio de la salud de la mujer y a cinco años si le causa la muerte. Al mismo tiempo, sustituye el artículo 85 del Código Penal y pena con prisión de tres a diez años a quien realice un aborto sin consentimiento de la mujer. 

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